Sin duda que son tiempos ajetreados para quienes se dedican a la actividad política partidista y desempeñan algún cargo público. Soquimich, Penta y Caval son casos que han estado durante los últimos meses removiendo la escena nacional y cuestionando la probidad de quienes han sido protagonistas de ellos.
En su esencia, la probidad administrativa se define como un principio de nivel constitucional, que trata sobre el aspecto moral o ético de la administración pública y consiste en que todos los servidores públicos, adecuen su actuar a los deberes que fija la Constitución y la Ley, sin ser objeto de reproche alguno, de manera recta y comprometida con los valores y principios establecidos en la Constitución y las leyes, desarrollando una gestión honesta, eficiente y eficaz, dirigida hacia el bien común, el interés de todos los chilenos, en pos de decisiones que permitan su máximo desarrollo como comunidad.
Se trata de una definición extensa y que tiene múltiples exigencias y aristas que se aplican directamente en la realidad cotidiana de los miles de funcionarios públicos que tiene nuestro país. Conversamos en extenso sobre este tema con la docente ENA Daniela Cajas Izarnotegui, quien es abogada, Magíster en Derecho Público y diplomada en Probidad y Transparencia.
1.- ¿Cuáles son las conductas contrarias al principio de la probidad administrativa?
Conductas contrarias a este principio hay tantas como seres humanos, sin embargo la ley ha establecido expresamente como transgresiones graves -aunque no son las únicas-, las que especialmente vulneran la probidad, tales como:
- El uso indebido de información reservada o privilegiada a la que se tenga acceso por su cargo o función, por ejemplo, facilitar el acceso a subsidios o beneficios a familiares o amigos.
- Tráfico de Influencias, ejercer una presión o influencia indebida, fuera del campo de las atribuciones del cargo, sobre otra persona para obtener beneficio, por ejemplo, ofrecer a cualquier persona acelerar un trámite o conseguir un permiso a cambio de un favor.
- Emplear dinero o bienes de la institución en provecho propio o de terceros, por ejemplo, usar el vehículo fiscal asignado para viajes con la familia los fines de semana.
- Ocupar tiempo de la jornada o utilizar personal o recursos en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, por ejemplo, ocupar el computador asignado y la impresora e insumos entregados para hacer la tarea del hijo o una tesis profesional.
- Solicitar o aceptar donativos, ventajas o privilegios -salvo los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación-, por ejemplo, aceptar viajes o congresos, o descuentos o regalos que lleguen a la oficina o domicilio.
- Intervenir en asuntos en que se tenga interés personal o en el que lo tengan sus parientes; participar en asuntos que por cualquier motivo les reste imparcialidad. Opera el deber de abstención en estas situaciones, por ejemplo, integrante de una comisión evaluadora que use la información del proceso de compra para beneficiar a la empresa de un pariente o a la suya propia.
- Omitir o eludir la propuesta pública, por ejemplo, contratar fuera del sistema de contratación cualquier bien o servicio.
- Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos, por ejemplo, dejar en el escritorio un documento por semanas sin revisarlo o contestarlos.
- Dejar vencer plazos establecidos para dar respuesta a alguna petición o consulta ciudadana.
2.- En este contexto de probidad administrativa y directamente aplicado a la contigencia de nuestro país ¿cuál es la gravedad del Caso Penta?
El Caso Penta es una de las consecuencias del “Caso fraude al FUT”, el que parte con la investigación que involucró a funcionarios del SII, contadores y a particulares (122 contribuyentes) por devoluciones indebidas del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) entre 2007 y 2010, por un monto de $2.500 millones. Se adulteraban determinados documentos para aparentar pérdidas tributarias y tener derecho a devolución del FUT, a cambio de esa alteración, los funcionarios del SII recibían parte de esa devolución.
Uno de esos contribuyentes investigados era el holding de Empresas Penta, al cual no se le pudo comprobar el fraude al FUT, pero sí se les encontró otro fraude: emisión de boletas ideológicamente falsas (boletas de honorarios que fueron efectivamente otorgadas por una persona, pero en donde el servicio nunca se prestó) por parte de las esposas y otras personas vinculadas a los controladores del grupo, para rebajar impuestos (en el fondo, fingían tener más gastos de los que realmente eran), burlando unos $ 400 millones en impuestos.
Al ser descubiertos, pagaron todo lo obtenido ilegalmente, más las multas correspondientes, para «compensar el daño», quebrando relaciones con el Director del Banco Penta, Hugo Bravo, quien los demandó laboralmente y declaró todo lo que sabía al fiscal investigador. De esas declaraciones se revelaron la existencia de grabaciones secretas de los controladores del grupo, donde constaba que habían estado financiando campañas de varios personajes políticos a través de boletas falsas. Aparece así la llamada «arista política» del caso Penta.
Sabido es que las empresas pueden legalmente donar dinero a campañas políticas, a través de «Aportes Reservados», que no pueden ser conocidos por el candidato (para que éste después no sea influenciado en sus decisiones por quienes le donaron), que no pueden superar el 10% del gasto electoral del candidato o partido, y que deben efectuarse sólo en período de campaña electoral, informando al Servel. Estos aportes deben quedar registrados en la contabilidad de la empresa como aportes para campaña política.
Con el fin de obtener más dinero para las campañas o antes de tiempo, algunos candidatos emitieron boletas ideológicamente falsas (penadas por la Ley) al Grupo Penta. Viene al caso hacer presente que el posible delito de violación de la ley electoral ya no se puede investigar, dado que ya prescribió.
Entre los personajes políticos que figuraban en las declaraciones de Bravo, realizando esta práctica ya sea directamente o a través de terceros, estaban ex funcionarios de gobierno de Piñera y ex-candidatos a senadores por la UDI; senadores y diputados UDI; un ex-presidente de la UDI; un ex parlamentarios UDI y RN. De la otra vereda también hubo nombres de un pre candidato presidencial y un actual Ministro de Gobierno, por servicios supuestamente otorgados antes de ingresar al gobierno.
Uno de los involucrados es un ex ministro de estado (UDI) quien recibió pagos bimensuales durante su gestión en el gobierno, a través de familiares, por lo que fue formalizado por delitos de cohecho y lavado de activos.
Con la sola historia, cualquiera puede ver la gravedad de los hechos relatados, desde la faltas funcionarias y graves a la probidad de los servidores del SII en el caso fraude al FUT, hasta las faltas a la probidad, más graves a mi parecer de la clase política, por buscar financiamiento a sus campañas electorales de manera ilegal, cooperar con un fraude al fisco por medio de la emisión de las boletas falsas y quedar debiendo “favores” a importantes grupos económicos, de los cuales ya se sabe por qué son tan influyentes en algunas decisiones legislativas. Todas acciones y conductas que están penadas por la Ley y de las que se esperan sanciones, mas esas sanciones solo alcanzan al particular que cometió el delito, pero no a la colectividad que lo avala a la hora de hacer su campaña: no hay sanciones para los partidos políticos, no se hacen responsables por tener en sus filas a personas capaces de defraudar al fisco con tal de conseguir un escaño nada menos que para legislar al mismo país al que defraudan y ser cómplices en delitos tributarios de quienes los financian a cambio de favores. Los conflictos de interés aparecen por todas partes en este caso, son el origen de lo que hoy está acreditándose como un delito, y existiendo una regulación y un principio de la probidad que los previene, hicieron oídos sordos y no sabemos aún si pagarán efectivamente su infracción.
Video como entender el Caso Penta
3.- ¿Cuál es su análisis respecto al Caso Soquimich? ¿Pone en tela de juicio a la clase política chilena?
El Caso Soquimich, una de las mayores productoras de fertilizante, yodo y litio a nivel mundial, se suma al Caso Penta, porque tienen el mismo origen: uso de boletas falsas para financiamiento de campañas políticas, derivadas de las boletas emitidas por la cuñada del ex ministro de minería del gobierno de Piñera. Ello llevó al Fiscal de la causa a investigar a la compañía y requisar su información contable entre 2009 y 2014. El fiscal sólo puede investigar aquello que el SII denuncie, y este último sólo se querelló por el mes de julio de 2009, lo que a estas alturas también resulta sospechoso.
De esa revisión resultó que había 19 RUT con posibles faltas, entre ellos figuraban una asesora de un Senador PS en ejercicio, varios militantes de la DC y dirigentes regionales UDI. Poco después, apareció publicada una revisión de 240 RUT que emitieron boletas para Soquimich durante el año 2010 (año de la segunda vuelta presidencial), 39 de ellos relacionados al mundo político, dirigentes de la UDI, RN y la DC; tres asesores del senador y Secretario General del PS, senadores UDI de la época, más autoridades de Gobierno y el Poder Judicial.
Se investigan acá las siguientes situaciones: contribuyentes que emitieron boletas de honorarios por servicios inexistentes; contribuyentes que emitieron boletas a SQM por servicios prestados a terceros; boletas de honorarios según SII “presumiblemente falsas”; y facturas emitidas por distintas sociedades registradas por Soquimich sin respaldo. En todas ellas hay personas relacionadas con alguien del sector político, desde asesores y secretarias, hasta hijos de actuales senadores en ejercicio, lo que hace que la clase política chilena esté en tela de juicio. Esto parece una bola de nieve, donde se mire hay una falta a la probidad o una intención de no cumplir la norma que regula el financiamiento electoral, lo que se traduce en la nefasta consecuencia de mermar profundamente la confianza en las autoridades y terminar por convencernos de que la clase política está en una profunda crisis de moralidad pública de la cual será difícil salir, las próximas elecciones nos dirán si esto queda perdonado o no.
¿Qué es el Caso SQM? Te lo explicamos en este video
4.- A su juicio, ¿se afecta la fe pública depositada en nuestras autoridades en el Caso Caval?
Cabe recordar que la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, comparte la propiedad de la empresa inmobiliaria “Caval” en partes iguales con su socio Mauricio Valero Illanes. En dicha empresa, Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta y esposo de Compagnon, operaba como gerente de proyectos.
Tenían un negocio por el que buscaban comprar tres terrenos rurales, de un total de 44 hectáreas, en Machalí, Rancagua. Les interesaba porque sabían del cambio de tipo de uso de suelo de rural a urbano, con el cambio del plan regulador, trayendo como consecuencia la multiplicación de la inversión. Para comprar los terrenos, se requería la suma de $6.500 millones, dinero con el que la empresa no contaba, su asesor buscó por el camino regular el financiamiento, pero fue rechazado por varios bancos, por el tamaño de la firma (empresa pequeña) y también por ser sus dueños Personas Expuestas Políticamente (PEP). Frente a estas infértiles gestiones, Caval sacó al asesor del negocio sin pagarle sus honorarios, por lo que él interpuso una demanda laboral, que fue la que puso las alarmas sobre el caso.
El “caso”, consiste en que finalmente Caval consigue el préstamo de los $6.500 millones con el Banco de Chile, después de haber sido rechazado en anteriores solicitudes, sólo y luego de una reunión personal entre Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon y el vicepresidente del banco, Andrónico Luksic, uno de los hombres más ricos del país. La coincidencia es que el crédito es concedido al día siguiente en que la madre de Dávalos y suegra de Compagnon ganara las elecciones presidenciales.
Con el presupuesto para la compra Caval compró el terreno en $ 6.500 millones y esperó la oportunidad para venderlo, pero el atraso en la modificación del plano regulador y la proximidad del vencimiento del plazo para el pago del préstamo, les obligó a venderlo a $9.500 millones a un empresario rancagüino (particular) obteniendo $2.500 millones en ganancias, mientras que el banco consiguió, por concepto de intereses, $500 millones.
A la fecha no se han detectado delitos, pero se investiga por la Fiscalía un posible tráfico de influencias y uso de información privilegiada, tomando como medidas investigativas la incautación de los equipos computacionales de Dávalos y las declaraciones del matrimonio ante la Fiscalía.
Lo cuestionado acá, sin embargo, es si sin mediar el parentesco con la Presidenta de Chile, se hubiera podido acceder al millonario préstamo siendo una pyme; se cuestiona el ingrediente ético de cómo logran el crédito y eso es lo que ha alertado a la comunidad y a las autoridades. Si bien la mandataria niega haber tenido conocimiento de las transacciones de la empresa de su nuera, o de la intención de reunirse con el millonario vicepresidente del Banco de Chile, no cabe dudas que se mancha su imagen pública y se cuestiona su respeto a la probidad y su credibilidad.
No hay que olvidar que al momento de conocerse estos hechos además Dávalos era funcionario público, Director del Área Sociocultural de la Presidencia (función habitualmente ejercida por la Primera Dama), cargo al que renunció y en el que no dio explicaciones ante nadie por su eventual responsabilidad administrativa, ya que las negociaciones que hizo CAVAL para gestionar el crédito se hicieron durante su ejercicio como funcionario público.
El caso, además, generó toda clase de suspicacias, como por ejemplo, si se usaron influencias para intentar asegurar la modificación del plano regulador y asegurar el negocio para la reventa del terreno.
La fe en las autoridades se ha visto mermada y no es cualquier autoridad: es la máxima autoridad de Chile, elegida por voto popular; los cuestionamientos van en todas direcciones, ya que el caso se abordó lentamente y con poca firmeza por la mandataria.
Como resultado a este y a los otros escándalos a la probidad, se tomaron algunas medidas como la de mejorar las actualizaciones de las declaraciones de intereses y patrimonios de las autoridades, y se encargaron una serie de proyectos de Ley dirigidos a aumentar las causales de inhabilidad para asumir o postular a cargos públicos; endurecer penas por uso de información privilegiada; evaluar la permanencia de parlamentarios en sus cargos si incurren en ilícitos; crear una nueva institucionalidad para fiscalizar procesos electorales; fortalecer el proyecto de financiamiento de la política que se discute en el congreso, y modificar la ley de lobby.
También rápidamente se creó un Comité Asesor Presidencial Anticorrupción, con tareas específicas.
Estas medidas son apoyadas desde todos los sectores políticos, pero nadie ha tomado en consideración la opinión pública, la merma en la confianza hacia las autoridades: es nada menos que el hijo de la Presidenta, no iba a saber él (Director del Área Sociocultural de la Presidencia), que al concurrir a esa reunión, si bien no lo decía explícitamente, estaba dando una señal poderosa en contra de la probidad y de paso colocó en tela de juicio la imagen, credibilidad, y discurso de su madre, quien bajó en popularidad rotundamente y hoy se encuentra en medio de una crisis que está a punto de ser política-institucional.
5- ¿Cuál es la conclusión que podemos obtener de todos estos episodios que contravienen el principio de la probidad administrativa?
La importancia de estas materias es que se descubrieron tarde o temprano, pero se descubrieron, dejando en evidencia que detrás de las promesas de campaña y de los discursos construidos hay una conducta reiterada que vulnera gravemente a la probidad, llamada conflicto de interés, tráfico de influencias, clientelismo, etc.
Para sortear este oscuro escenario es necesario contar con la real voluntad, involucramiento y compromiso de la alta administración, de los servidores intermedios y del ciudadano.
Desde las autoridades. Ellos necesitan una mejor regulación sobre estas situaciones, los casos CAVAL; SQM y PENTA, les explotaron en la cara y ahora buscan soluciones alternativas, pero no sancionadoras, que busquen impedir la comisión de estos actos.
En el funcionario medio, las sanciones son más evidentes, está ya regulado, pero su situación de servicio muchas veces lo hace caer en estas situaciones no probas, y ensucian para siempre la imagen del Servicio Público.
El ciudadano, necesita tener un mayor control de fiscalización ante estas conductas de quienes gobiernan y legislan en su país, más legislación de participación ciudadana en este aspecto. No es bien recibido enterarse de todos estos sucesos negativos solo por un buen reportaje periodístico, tiene que estar más involucrado con la probidad y eso proviene desde la educación.
El tema de Conflicto de Intereses, debiera ser materia de revisión permanente en el ámbito de control de las áreas de Auditoría Interna o de Contraloría General de la República. El conocimiento oportuno y adecuado de ellos permitirá asegurar la transparencia en la administración del país, en las relaciones público-privadas y con la ciudadanía que al fin y al cabo son el motor para lo que se busca propender al interés general por sobre el particular.
