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<\/a>Sin duda que son tiempos ajetreados para quienes se dedican a la actividad pol\u00edtica partidista y desempe\u00f1an alg\u00fan cargo p\u00fablico. Soquimich, Penta y Caval son casos que han estado durante los \u00faltimos meses removiendo la escena nacional y cuestionando la probidad de quienes han sido protagonistas de ellos.<\/p>\nEn su esencia, la probidad administrativa se define como un principio de nivel constitucional, que trata sobre el aspecto moral o \u00e9tico de la administraci\u00f3n p\u00fablica y consiste en que todos los servidores p\u00fablicos, adecuen su actuar a los deberes que fija la Constituci\u00f3n y la Ley, sin ser objeto de reproche alguno, de manera recta y comprometida con los valores y principios establecidos en la Constituci\u00f3n y las leyes, desarrollando una gesti\u00f3n honesta, eficiente y eficaz, dirigida hacia el bien com\u00fan, el inter\u00e9s de todos los chilenos, en pos de decisiones que permitan su m\u00e1ximo desarrollo como comunidad.<\/p>\n
Se trata de una definici\u00f3n extensa y que tiene m\u00faltiples exigencias y aristas que se aplican directamente en la realidad cotidiana de los miles de funcionarios p\u00fablicos que tiene nuestro pa\u00eds. Conversamos en extenso sobre este tema con la docente ENA Daniela Cajas Izarnotegui, quien es abogada, Mag\u00edster en Derecho P\u00fablico y diplomada en Probidad y Transparencia.<\/p>\n
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1.- \u00bfCu\u00e1les son las conductas contrarias al principio de la probidad administrativa?<\/strong><\/p>\n Conductas contrarias a este principio hay tantas como seres humanos, sin embargo la ley ha establecido expresamente como transgresiones graves -aunque no son las \u00fanicas-, las que especialmente vulneran la probidad, tales como:<\/p>\n <\/p>\n 2.- En este contexto de probidad administrativa y directamente aplicado a la contigencia de nuestro pa\u00eds \u00bfcu\u00e1l es la gravedad del Caso Penta?<\/strong><\/p>\n El Caso Penta es una de las consecuencias del \u201cCaso fraude al FUT\u201d, el que parte con la investigaci\u00f3n que involucr\u00f3 a funcionarios del SII, contadores y a particulares (122 contribuyentes) por devoluciones indebidas del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) entre 2007 y 2010, por un monto de $2.500 millones. Se adulteraban determinados documentos para aparentar p\u00e9rdidas tributarias y tener derecho a devoluci\u00f3n del FUT, a cambio de esa alteraci\u00f3n, los funcionarios del SII recib\u00edan parte de esa devoluci\u00f3n.<\/p>\n Uno de esos contribuyentes investigados era el holding de Empresas Penta, al cual no se le pudo comprobar el fraude al FUT, pero s\u00ed se les encontr\u00f3 otro fraude: emisi\u00f3n de boletas ideol\u00f3gicamente falsas (boletas de honorarios que fueron efectivamente otorgadas por una persona, pero en donde el servicio nunca se prest\u00f3) por parte de las esposas y otras personas vinculadas a los controladores del grupo, para rebajar impuestos (en el fondo, fing\u00edan tener m\u00e1s gastos de los que realmente eran), burlando unos $ 400 millones en impuestos.<\/p>\n Al ser descubiertos, pagaron todo lo obtenido ilegalmente, m\u00e1s las multas correspondientes, para “compensar el da\u00f1o”, quebrando relaciones con el Director del Banco Penta, Hugo Bravo, quien los demand\u00f3 laboralmente y declar\u00f3 todo lo que sab\u00eda al fiscal investigador. De esas declaraciones se revelaron la existencia de grabaciones secretas de los controladores del grupo, donde constaba que hab\u00edan estado financiando campa\u00f1as de varios personajes pol\u00edticos a trav\u00e9s de boletas falsas. Aparece as\u00ed la llamada “arista pol\u00edtica” del caso Penta.<\/p>\n Sabido es que las empresas pueden legalmente donar dinero a campa\u00f1as pol\u00edticas, a trav\u00e9s de “Aportes Reservados”, que no pueden ser conocidos por el candidato (para que \u00e9ste despu\u00e9s no sea influenciado en sus decisiones por quienes le donaron), que no pueden superar el 10% del gasto electoral del candidato o partido, y que deben efectuarse s\u00f3lo en per\u00edodo de campa\u00f1a electoral, informando al Servel. Estos aportes deben quedar registrados en la contabilidad de la empresa como aportes para campa\u00f1a pol\u00edtica.<\/p>\n Con el fin de obtener m\u00e1s dinero para las campa\u00f1as o antes de tiempo, algunos candidatos emitieron boletas ideol\u00f3gicamente falsas (penadas por la Ley) al Grupo Penta. Viene al caso hacer presente que el posible delito de violaci\u00f3n de la ley electoral ya no se puede investigar, dado que ya prescribi\u00f3.<\/p>\n Entre los personajes pol\u00edticos que figuraban en las declaraciones de Bravo, realizando esta pr\u00e1ctica ya sea directamente o a trav\u00e9s de terceros, estaban ex funcionarios de gobierno de Pi\u00f1era y ex-candidatos a senadores por la UDI; senadores y diputados UDI; un ex-presidente de la UDI; un ex parlamentarios UDI y RN. De la otra vereda tambi\u00e9n hubo nombres de un pre candidato presidencial y un actual Ministro de Gobierno, por servicios supuestamente otorgados antes de ingresar al gobierno.<\/p>\n Uno de los involucrados es un ex ministro de estado (UDI) quien recibi\u00f3 pagos bimensuales durante su gesti\u00f3n en el gobierno, a trav\u00e9s de familiares, por lo que fue formalizado por delitos de cohecho y lavado de activos.<\/p>\n Con la sola historia, cualquiera puede ver la gravedad de los hechos relatados, desde la faltas funcionarias y graves a la probidad de los servidores del SII en el caso fraude al FUT, hasta las faltas a la probidad, m\u00e1s graves a mi parecer de la clase pol\u00edtica, por buscar financiamiento a sus campa\u00f1as electorales de manera ilegal, cooperar con un fraude al fisco por medio de la emisi\u00f3n de las boletas falsas y quedar debiendo \u201cfavores\u201d a importantes grupos econ\u00f3micos, de los cuales ya se sabe por qu\u00e9 son tan influyentes en algunas decisiones legislativas. Todas acciones y conductas que est\u00e1n penadas por la Ley y de las que se esperan sanciones, mas esas sanciones solo alcanzan al particular que cometi\u00f3 el delito, pero no a la colectividad que lo avala a la hora de hacer su campa\u00f1a: no hay sanciones para los partidos pol\u00edticos, no se hacen responsables por tener en sus filas a personas capaces de defraudar al fisco con tal de conseguir un esca\u00f1o nada menos que para legislar al mismo pa\u00eds al que defraudan y ser c\u00f3mplices en delitos tributarios de quienes los financian a cambio de favores. Los conflictos de inter\u00e9s aparecen por todas partes en este caso, son el origen de lo que hoy est\u00e1 acredit\u00e1ndose como un delito, y existiendo una regulaci\u00f3n y un principio de la probidad que los previene, hicieron o\u00eddos sordos y no sabemos a\u00fan si pagar\u00e1n efectivamente su infracci\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n\n